13 de octubre de 2026

Centros de datos en España: de 439 MW a 2.537 en 2030

Los centros de datos en España son ya el primer destino de la capacidad de acceso a la red de transporte eléctrico. Red Eléctrica les ha concedido 6.328 MW, el 34,2% de los 18,52 GW que ha otorgado en todo el sistema, por delante de la industria. Según el mapa de solicitudes de demanda que el operador publicó a principios de octubre, ninguno de esos proyectos ha empezado a operar todavía.

Un tercio de la red reservado para centros que todavía no existen

Es como un restaurante con todas las mesas reservadas y la cocina aún en obras. La capacidad está asignada, pero nadie la usa todavía, y otros proyectos esperan turno. De los 18,52 GW concedidos en el conjunto de la red, 11,05 GW corresponden a instalaciones que aún no funcionan.

Para ponerlo en contexto, la potencia IT instalada en centros de datos comerciales cerró 2025 en 439 MW, un 24% más que el año anterior. Las estimaciones del sector (SpainDC) llevan esa cifra a 2.537 MW en 2030 si se mantiene el ritmo actual, casi seis veces la escala de hoy.

Las dos cifras no se pueden comparar de forma directa. Los 6.328 MW son potencia de acceso a la red y los 439 MW son potencia IT, la que consumen los servidores. Un centro de datos pide a la red bastante más, porque también alimenta la refrigeración y los sistemas auxiliares. Aun así, el volumen concedido supera con mucho lo que hoy está en marcha.

La demanda la empujan el cloud y, sobre todo, la inteligencia artificial, que exige más densidad de potencia y nuevas formas de refrigeración. Madrid seguirá siendo el gran nodo, con una proyección de hasta 612 MW en 2030. Aragón y parte de la Comunidad Valenciana crecen como emplazamientos para grandes campus.

Por qué tener el permiso no basta para encender las máquinas

Entre el permiso de acceso y el primer servidor encendido hay que construir subestaciones y conexiones, y esos plazos dependen del refuerzo de la red eléctrica.

Aragón lo muestra bien. Tiene 108 MW IT operativos y una capacidad futura estimada de 3.764 MW IT, según el último informe de Colliers sobre la Península Ibérica. Que esos proyectos lleguen a funcionar depende de que antes se construyan las infraestructuras eléctricas.

El marco también se ha endurecido. El Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en marzo, revisó el régimen de acceso y conexión para liberar capacidad bloqueada. Colliers lo resume en que ya no basta con anunciar megavatios. Ahora cuentan la certidumbre en los plazos y la ejecución de la infraestructura eléctrica.

Mientras esa capacidad llega, la que ya funciona va muy justa. En los centros de colocation la disponibilidad está en el 19% en Madrid y el 14% en Barcelona. En los orientados a grandes proveedores cloud baja al 9% en Madrid, y en Barcelona no queda nada.

Si tu empresa prevé ampliar infraestructura en los próximos años, reserva espacio con margen. Un servicio de colocation en un centro de datos que ya funciona te ahorra esperar a que se construya otro. También puedes repartir la carga con un cloud híbrido y crecer en la nube a medida que lo necesites.

Las condiciones para conectarse a partir de ahora

El Gobierno quiere que el reparto de capacidad vaya acompañado de requisitos. En agosto sometió a audiencia pública un proyecto de Real Decreto con condiciones de sostenibilidad y de soberanía digital para los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.

El texto les pide dos cosas. La primera es alcanzar la clase «A» de la etiqueta europea en eficiencia energética y en eficiencia hídrica, cuya aplicación está prevista para agosto de 2027. La segunda es mantener el control de los datos dentro de la Unión Europea. Quien no cumpla puede acabar perdiendo sus derechos de acceso y conexión a la red.

La soberanía del dato entra así en las condiciones para conectarse. Si tu empresa trabaja con información sensible, un cloud privado alojado en España te permite saber en todo momento dónde están tus datos y quién los gestiona.

El texto todavía es un borrador. Recibió más de 600 aportaciones en la consulta pública y puede cambiar antes de aprobarse.

Si sale adelante en su forma actual, los proyectos en tramitación tendrán seis meses para acreditar que cumplen los nuevos requisitos, o tres meses si están a la espera de un concurso de acceso a la red. La alternativa será renunciar a esos derechos, en cuyo caso no se ejecutarían las garantías depositadas.